El futuro de la economía peruana se nubló. El país ha experimentado un fuerte crecimiento por muchos años y se ha situado como aliado de los Estados Unidos, sobre todo en libre comercio y en su política al exterior en la región. Ahora, la elección de Trump indica que una política de proteccionismo está llegando al gigante del norte y que será una tormenta para el Perú.
Mientras Estados Unidos es el aliado más obvio e importante del Perú que esté reconsiderando la globalización, Europa también confronta fuertes presiones anti globalización y pro-proteccionista después del voto Brexit. Si la historia nos proporciona la clave, este movimiento anti neoliberal se expandirá a otros países. Hará un mundo que cada vez menos apoya el comercio libre y fronteras abiertas a exportaciones ajenas, sobre todo como se manifiesta en los tratados de libre comercio que se negociaron para unir grandes regiones.
El mayor proponente de libre comercio, los Estados Unidos, cuenta con un presidente electo quien ha prometido “renegociar” los tratados para buscar mayores beneficios para su país y así limitar los beneficios para los demás partidos de los tratados. Es dudoso que se implementen más en la forma que tienen ahora. Hasta tratados anteriores, como los que se ha firmado con el Perú y otros países latinoamericanos, se encuentran amenazados con cancelación unilateral y renegociación.
Actualmente, parece que el Perú ha optado por una política de esperar y analizar. Su presidente, Pedro Pablo Kucynski dijo que semejantes cambios en la relación con Norteamérica le animarían a fomentar relaciones más estrechas de libre comercio con China y los demás países del Pacífico. Sin embargo es probable que la ola de proteccionismo les llegue a ellos también.
Esta ola impactará directamente a las industrias de exportación peruanas, incluyendo la de productos agroindustriales. Viene esta amenaza en un momento cuando ha bajado la demanda por materias primas. Y en ese contexto, algo más de EE.UU. tiene implicaciones para las grandes concesiones mineras del país.
Los grandes mosaicos de inversionistas y empresas que conforman las mineras dependen de una red de legitimidad y de financiamiento que se celebran en las protecciones de inversión extranjera en los tratados de libre comercio y del beneplácito de los grandes bancos quienes prestan grandes cantidades de dinero para sus operaciones. Hasta el momento, la solidez de estos mosaicos ha permitido una política de uso de las fuerzas de seguridad nacionales y locales para proteger las inversiones de los conflictos sociales, es decir movimientos locales que desafían su uso de tierras indígenas o campesinas y critican su contribución a la degradación ambiental.
Los movimientos sociales han sido grandes desafíos, con amenazas de inestabilidad social, por toda la década pasada, pero el consenso gobernante en Lima ha podido resistirles con bastante éxito. La base de eso está cambiándose y está dando más fuerza a los conflictos sociales por encima de la extracción de materia prima.
El filo de cambio será algo que también toma lugar en los Estados Unidos, es decir el conflicto sobre la construcción del oleoducto Dakota en territorio de los Sioux. Pueblos nativos de todo el país se han juntado para luchar en contra, la cual pareciera ser una gran lucha desigual y hasta quijotesca.
Sin embargo, en combinación con sus aliados urbanos y no-indigenas, con reportajes mediáticos aunque no de los medios centrales, y con un buen uso de los medios sociales los nativos han podido pintar con vergüenza la empresa oleoductera y su uso de las fuerzas de orden para reprimir la protesta. Han quitado bastante apoyo político de los agentes privados, y de las policías y los soldados de orden púbica quienes han participado. Hasta algunos agentes confrontarán denuncias criminales.
Además se ha podido estigmatizar a los bancos quienes financian la operación. El apoyo de esas instituciones grandes está comenzando a fragmentarse.
Las protestas asimismo han exigido una intervención de agencias del gobierno nacional por quejas de falta de cumplimiento con leyes de permiso y de consulta previa, las últimas garantizadas en tratados internacionales. Es probable que la empresa Dakota no puede esperar al nuevo gobierno nacional cuando confronta fechas límites de inversiones y la fragmentación de su financiamiento.
Esto no es Perú, por cierto, aunque la misma combinación de intereses y fuerzas ocurre allá también.
Si los conflictos civiles motivados por la minería llegan a internacionalizarse de la misma forma, pueden aprovecharse de la fragilidad de financiamiento y apoyo político para problematizar las inversiones de las cuales depende el gobierno peruano y su política económica extractivista.
